A PROPÓSITO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE CADUCIDAD PUNITIVA DEL ESTADO

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay ratificó mediante un fallo emitido de 29 de octubre de 2010, la inconstitucional la “Ley de Caducidad”, que pretendía impedir la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en aquel país (1973-1985). Con ello, se permitirá que los tribunales investiguen los crímenes cometidos sin que los perpetradores encuentren amparo en aquella ley. La SCJ declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la Ley Nº 15.848, “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, por violar varios artículos/disposiciones de la Constitución de la República, así como diversas normas del Derecho internacional de los derechos humanos, aceptadas por el Estado uruguayo.La Ley de Caducidad pretendía impedir a partir de 1986, que militares y policías fuesen juzgados por violaciones a los derechos humanos – constitutivas de crímenes de Derecho internacional- cometidas durante la dictadura militar en el país, entre 1973 y 1985. Según dicha Ley, el juez que intervenía en una investigación sobre tales violaciones cometidas hasta 1985, debía requerir al Poder Ejecutivo para que informe si el hecho investigado era considerado como comprendido o no en el artículo 1º de la Ley. De esta manera, la sola voluntad del Poder Ejecutivo podía dejar sin efecto la obligación internacional del Estado de investigar tales hechos, impidiendo así dilucidar la verdad sobre los crímenes cometidos y la comparecencia de los responsables ante la justicia. La Ley de Caducidad fue sometida a plebiscito popular dos veces, en 1989 y en 2009; pero este hecho en caso alguno impidió que en octubre de 2009 – en el caso Sabalsagaray – la SCJ de Uruguay declarase su inconstitucionalidad, ya que la impunidad que ésta consagraba constituía una violación de distintas obligaciones consagradas en tratados internacionales en los que Uruguay es Estado Parte. En aquel caso, la SCJ ya dejó constancia de su interpretación en cuanto a que “las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Carta por la vía del artículo 72, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce”. En este sentido, expresó que “no puede invocarse la teoría clásica de la soberanía para defender la potestad estatal de limitar la protección jurídica de los derechos humanos”; y que ” la regulación actual de los derechos humanos no se basa en la posición soberana de los Estados, sino en la persona en tanto titular, por su condición de tal, de los derechos esenciales que no pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario ni derivado”. La nueva sentencia reitera lo ya expresado por la SCJ, en cuanto que la Ley de Caducidad vulnera el principio de separación de poderes, transgrede el derecho de las víctimas y las familias de acceder al sistema judicial para identificar y procesar a los culpables “de los hechos acaecidos durante la dictadura militar”. De esta forma, la Ley de Caducidad no podrá aplicarse en la causa que investiga 20 asesinatos cometidos bajo el Gobierno dictatorial de Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976. Simultáneamente y apoyándose precisamente en la sentencia del caso Sabalsagaray, el Senado uruguayo debate también en estos momentos un proyecto de ley impulsado por el partido en el gobierno (el Frente Amplio) que tiene como objetivo dejar sin efecto normativo a la Ley de Caducidad. La nueva iniciativa legislativa sostiene que los tribunales deben considerar protegidas por la Constitución todas las normas del Derecho internacional de los derechos humanos aceptadas por el país, para que la Ley de Caducidad sea declarada inconstitucional de forma automática. Los opositores a este proyecto, acusan a la propuesta de ser “un agravio a la ciudadanía” que aprobó la norma y un ataque a la “institucionalidad del país”; argumentos, que ciertamente van en una la línea muy similar a las posiciones del gobierno español respecto a Ley de Amnistía de 1977.En resumen, las leyes de amnistía respecto de hechos que son constitutivos de crímenes contra la humanidad (violaciones graves a los derechos humanos) son incompatibles con el Derecho internacional y Uruguay viene a unirse a otros Estados de la región – como Argentina y Perú – que han derogado o anulado las leyes de amnistía que impidieron la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas y a sus familiares. España debería tomar ejemplo. Ningún tribunal nacional debe aplicar leyes de amnistía, ni invocar su aplicación, para impedir la investigación de los hechos denunciados en España, como viene sucediendo con los crímenes cometidos de la Guerra Civil y el Franquismo para los cuales se invoca la Ley de Amnistía de 1977. La Ley de Amnistía española es contraria a las normas internacionales consuetudinarias y convencionales vinculantes para el Estado tanto en ese momento como hoy en día. La suprema instancia judicial uruguaya viene a reafirmarse en el compromiso de cumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales. Por su parte, la suprema instancia judicial española, no sólo lo sigue ignorando, sino que ve “indicios de prevaricación” en aquellos que mantienen una tesis similar a la de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay