Justicia Internacional y Franquismo: El Caso Contra Garzón

El último Auto del Magistrado Instructor Luciano Varela en el caso contra Garzón del 7 de abril de 2010 es objeto de controversia y perplejidad para la comunidad internacional de juristas por muchas razones. Un análisis de los argumentos y el discurso que contiene deja ver que su enrevesada retórica legal oculta un razonamiento jurídico prosaico respecto a cuestiones fundamentales para el estado de Derecho de un país. Por ejemplo, el valor de la legislación internacional respecto a los crímenes internacionales y la forma en que el Tribunal Supremo percibe el rol de los jueces y, a través de éstos, el rol del Derecho en la transformación de las realidades de injusticia.2. En el mencionado Auto, el Tribunal admite que conoce la existencia de “plurales teorizaciones y propuestas” en relación con la perseguibilidad de los crímenes contra la humanidad, pero concluye no obstante, que “resulta poco cuestionable la probabilidad de que el Illmo. Magistrado querellado haya perpetrado los hechos objeto de este proceso.” Es decir, mantiene que sí es probable que el Juez Garzón haya prevaricado, y lo hace convencido de que la aplicación de las normas de Derecho internacional sobre la imprescriptibilidad de ciertos crímenes perpetrados durante el régimen franquista, y sobre las leyes de amnistía, es mera “creatividad” jurídica y producto de la ‘imaginación exacerbada’ del Magistrado Garzón. Y convencido también, de que el rol de los jueces debe limitarse al ejercicio mecánico de la aplicación de las normas internas, sean éstas o no contrarias al Derecho internacional. El Tribunal expresa su posicionamiento de la siguiente manera: “el ejercicio de la potestad jurisdiccional no es el ámbito propio de la teorización, como tampoco lo es de lo que algunos denominan imaginación creativa, por muy honesta o bienintencionada que se autoproclame”. Y continúa: “no se actúa con independencia, con esa independencia legítima que la Constitución y las leyes protegen, cuando se resuelve para fines no acogidos por el ordenamiento jurídico, o incluso bajo la mera opinión personal (…) que no encuentra apoyo en dicho ordenamiento”.3. Tal posición niega lo que es incuestionable en la doctrina jurídica española: que la normativa internacional forma parte también del Derecho español. El artículo 96 de la Constitución se refiere no sólo a los tratados internacionales, sino también a las normas generales del Derecho internacional, para las que se prevé su recepción automática en el Derecho español. Así pues, la opinión del Magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, se opone al objeto y fin de las normas “acogidas por el ordenamiento jurídico.” Adicionalmente el artículo 10.2 de la Carta Magna, dispone que: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.4. De modo tal que la postura mantenida por el Tribunal Supremo puede constituir un incumplimiento de las obligaciones de España bajo los tratados de derechos humanos suscritos por este país y puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado español. Por todo ello, además, el Auto del 7 de Abril, omite a la propia Constitución, que justamente establece el lugar que ocupa el ordenamiento jurídico internacional como parte de, y respecto al, Derecho interno.5. El Magistrado-Instructor no parece admitir la posibilidad de que una medida de Derecho interno pueda contradecir obligación internacional alguna, en ningún caso, siempre y cuando dicha norma responda a la voluntad del poder legislativo. Más aún, no admite la posibilidad de que la acción judicial enmiende lo que en el derecho interno contradice principios y normas del derecho internacional.6. En definitiva, el Tribunal Supremo ha hecho evidente en el Auto del 7 de Abril de 2010, dos cuestiones de fondo que atraviesan toda la actuación del Alto Tribunal en el caso contra el Magistrado Garzón: por un lado, la valoración subordinada que hace del Derecho internacional y de las obligaciones contraídas por España bajo los tratados de derechos humanos, a los que considera parte de la “teorización” y no de la legislación española. Por otro lado, intenta sentar un precedente inaudito sobre la capacidad esencial de la función jurisdiccional al negarle su rol en la renovación y perfeccionamiento del ordenamiento legal y jurídico. En este caso, intenta negarle a un Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional que a través del ejercicio de su función jurisdiccional, logre que España sea coherente con los continuados pedidos del sistema internacional de los derechos humanos, al trascender la Ley de Amnistía de 1977 que asegura la impunidad por los crímenes del franquismo